• La Comisión Nacional de Productividad (CNP) realiza estudios mandatados por el Gobierno de Chile. Se trata de investigaciones consideradas relevantes para mejorar la productividad, crecimiento y desarrollo del país.
  • Esta página contiene estudios finalizados por la CNP y que han sido mandatados por el Gobierno de Chile.
Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos Resumen Ejecutivo

Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos

Un aspecto clave para hacer crecer la productividad y elevar la inversión es contar con un Estado ágil y moderno, capaz de dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad—sea la ciudadanía o las empresas—de manera eficiente y certera. En este contexto, el Presidente de la República mandató en mayo de 2018 a esta Comisión el desarrollo de un estudio de revisión normativa que permita implementar una estrategia de simplificación administrativa y regulatoria en el ámbito del desarrollo y tramitación de grandes proyectos de inversión en cinco sectores: minería, infraestructura, energía, industria e inmobiliario. En conjunto, estos representan casi la totalidad de la inversión esperada a materializarse en el período 2019-2023, sobre 70 mil millones de dólares, con potencial de crear 160 mil empleos en la fase de construcción y 80 mil empleos permanentes.

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Formación de Competencias para el Trabajo en Chile

Investigación que ofrece una mirada sistémica a la formación de competencias en Chile, que privilegia en su enfoque al usuario del sistema: el estudiante, trabajador o estudiante-trabajador.

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Informe de productividad de la Gran Minería del Cobre

Informe de Productividad de la Gran Minería del Cobre en Chile es un trabajo único en su género a nivel mundial que compara la productividad de las 12 principales faenas chilenas con siete operaciones mineras de mejor práctica en Australia, Canadá, Estados Unidos y Perú.

El estudio propone un conjunto de 53 recomendaciones que se dividen en dos mundos: 34 específicas en los ámbitos de políticas públicas y regulatorias   y 19 recomendaciones de políticas sectoriales que requieren la acción conjunta de los actores del sector, incluyendo empresas mineras, contratistas, proveedores y comunidades.

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