Comisión propone 108 recomendaciones para aumentar certeza jurídica y eficientar tramitación de proyectos de inversión


“Este estudio muestra que Chile no solo requiere mejorar la normativa vigente, sino que también establecer acciones y diseñar instituciones que resguarden de manera continua un adecuado proceso regulatorio, mediante revisiones periódicas”, subrayó el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing.

Esta tarde la Comisión Nacional de Productividad (CNP) representada por su presidente, vicepresidente y secretario ejecutivo, Raphael Bergoeing, Joseph Ramos y Alfie Ulloa respectivamente, se reunió con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para presentarle el resultado final del estudio “Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos”, que contempla 108 recomendaciones, enmarcadas en una estrategia de simplificación regulatoria y administrativa, tanto actual como futura.

Dicha investigación, que fue encomendada a la CNP por el Presidente Piñera en mayo de 2018 es la primera en su tipo que se realiza en Chile, al abarcar una revisión regulatoria de los cinco principales sectores para la inversión en Chile: minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria. Estos, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, representan más de 70 mil millones de dólares de inversión a ser materializados en los próximos 4 años.

Diagnóstico y recomendaciones 

El presidente de la CNP, detalló que “se encontraron 400 permisos únicos necesarios para llevar a cabo inversiones en los cinco sectores analizados y 53 instituciones que los otorgan, 9 de las cuales participan en todos los proyectos y en cada sector bajo análisis. Destaca que más de la mitad de los permisos identificados son otorgados por 7 entidades”, enfatizó.

Explicó que la CNP “priorizó para el análisis 23 permisos clave en el desarrollo de inversiones para Chile. Se concluyó que existen dos principales problemas para el desarrollo y tramitación de proyectos de inversión en Chile: baja eficiencia en el otorgamiento de permisos y una decreciente percepción de certeza jurídica”.

En cuanto a la baja eficiencia, detalló que el principal problema es el extenso plazo de tramitación de los permisos: “Se detectaron demoras que implican que los plazos reales de otorgamiento para algunos permisos pueden -en promedio- hasta octuplicar el tiempo que contempla la normativa. Así, un proyecto que, en teoría debiese tramitarse en 2 años y medio, requiere en la práctica de 10 años para iniciar su funcionamiento”, aseguró. 

En relación a la menor certeza jurídica, afirmó que se detectaron aspectos asociados a menores grados de previsibilidad, respecto de los requisitos para la obtención de permisos, y de menor estabilidad, una vez que han sido otorgados, debido a las numerosas vías de impugnación existentes.

Basándose en una estrategia de simplificación integral, Bergoeing explicitó que la CNP recomendó al gobierno de Chile, “implementar recomendaciones en tres niveles: específicas, generales y estructurales”.

En cuanto a las específicas, el estudio cuenta con 75 recomendaciones que buscan mejorar el proceso de tramitación de los 23 permisos priorizados. La mayoría de ellas (64) constituyen modificaciones que pueden ser implementadas por vía administrativa y contemplan reducciones de hasta un año de tramitación en algunos permisos. 

Respecto de las generales, en materia de eficiencia, se propone crear un adecuado nivel de trazabilidad en la tramitación de permisos, lo que permitirá incorporar los plazos de tramitación como un indicador monitoreable de gestión. Con ello, se recomienda intervenir mediante un proceso gradual y focalizado los Servicios asociados a los permisos priorizados. Entre estas intervenciones se cuentan ampliar los mecanismos de traspaso de costos al usuario con colaboradores externos o costeo directo de trámites; definir el plazo de tramitación para todos los permisos existentes, incluyendo plazos referenciales para cada una de las actividades en la tramitación; rediseñar los procedimientos de tramitación con base en los riesgos asociados y establecer un sistema de declaración para permisos de bajo riesgo.

Para aumentar los niveles de Certeza Jurídica, para mayor estabilidad, se propone precisar como vía de impugnación un reclamo de ilegalidad general aplicable a todo permiso que no tenga un mecanismo de reclamación especial. Para aumentar previsibilidad, se propone unificar desde el nivel central los criterios que utilizarán los servicios regionales para el otorgamiento de permisos, y se realizan propuestas sobre los nuevos instrumentos de ordenamiento territorial (PROT).   

Cambio estructural

Raphael Bergoeing, señaló con preocupación que “Chile no cuenta con un sistema regulatorio de calidad, entendido como uno eficaz, eficiente y coherente para el desarrollo de inversiones”.

Considerando lo anterior, anunció que en cuanto a recomendaciones estructurales, “la CNP entrega recomendaciones para cambiar la forma en que se definen, diseñan y evalúan las normas. Esto incluye un proceso permanente de revisión de la regulación vigente, con activa participación del Estado y el sector privado, y crear una entidad enfocada en la calidad de las políticas públicas, con mandato de constante monitoreo y apoyo en el proceso de diseño e implementación de la nueva regulación. 

Finalmente, subrayó que si el gobierno de Chile acoge las recomendaciones realizadas por la CNP, se avanzará en un proceso, que en el mediano plazo, pondría a Chile al nivel de los países desarrollados. Solo así, será posible contribuir al desarrollo del país a través de proyectos de inversión que aporten al crecimiento económico, al mismo tiempo que mantiene altos estándares de sustentabilidad”, afirmó.