Comisión presenta lineamientos de propuestas para mejorar institucionalidad y tramitación de permisos


Los principales hallazgos y posibles recomendaciones que incluirá el informe realizado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) denominado “Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos”, fueron expuestos ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Cabe precisar que el objetivo de esta investigación, mandatada por el Presidente Sebastián Piñera a la CNP hace un año, es realizar propuestas y recomendaciones para crear un plan de simplificación administrativa y regulatoria en los procesos y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión en cinco sectores claves, (minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria), manteniendo estándares para un crecimiento sustentable. Además, busca generar recomendaciones que permitan sistematizar procesos de revisión regulatoria y con ello, contar con una institucionalidad que promueva la calidad regulatoria (que leyes cumplan objetivo para el cual fueron creadas, lo hagan de manera eficiente y que sean coherentes con el resto de las normas existentes). 

Durante la reunión, el presidente de la CNP, Raphael Bergoeing, junto con explicar aspectos generales de este trabajo, detalló que se encontraron 400 permisos únicos que son necesarios para llevar a cabo inversiones en los cinco sectores analizados y 53 instituciones que los otorgan, 9 de las cuales participan en todos los proyectos y en cada sector bajo análisis.

Hallazgos del estudio

Explicó que la CNP “priorizó para el análisis 23 permisos clave en el desarrollo de inversiones para Chile. De dicho análisis, se desprenden dos categorías principales de problemas que afectan al desarrollo de inversiones: bajo nivel de eficiencia y creciente disminución del grado de certeza jurídica”, afirmó.

Durante la reunión, el equipo de la CNP a cargo de esta investigación, compuesto por el abogado y economista, Cristián Romero y Esteban Rojas, respectivamente, detalló que el principal problema es el extenso tiempo involucrado en el otorgamiento de los permisos, lo que hace la tramitación poco eficiente. Al respecto, puntualizaron que las principales causas detrás de ello son: 1) Deficiencias en la capacidad gestión de los servicios (de los 23 permisos priorizados, 20 no están digitalizados para su ingreso, 18 no tienen una plataforma para hacer seguimiento a la tramitación, y solo en 2 se permite al titular saber el estado de su solicitud); 2) normativa inexistente o confusa (225 de los 400 permisos no tiene plazos estipulados en su normativa, junto con que los requerimientos para tramitación son poco claros, dando espacio para pronunciamientos arbitrarios); 3) calidad de la información que entregan inversionistas.

Potenciales recomendaciones

Raphael Bergoeing enfatizó que “Chile es el único país de la OCDE que no tiene mecanismos estructurados y sistematizados para revisar normativa y procesos regulatorios y es necesario contar con ello. Debemos considerar que año a año se suman nuevas regulaciones, que no siempre son analizadas para determinar sus niveles de eficiencia y de coherencia con las ya existentes” precisó.

“Considerando lo anterior, y los problemas de eficiencia y certeza jurídica para la inversión en Chile, la CNP propondrá un conjunto de recomendaciones para mejorar la institucionalidad regulatoria y la tramitación de permisos, manteniendo actuales estándares de sustentabilidad”. En este sentido explicó que las propuestas tendrán como foco avanzar en la calidad regulatoria, eliminando aquellos aspectos burocráticos que no aportan valor al proceso, para avanzar hacia un desarrollo sustentable, “las recomendaciones no buscarán desregular, sino que estándares actuales se cumplan con mejores herramientas”, afirmó.

Detalló además que se entregarán recomendaciones específicas para mejorar los 23 permisos priorizados; generales para corregir los problemas de eficiencia-certeza; y estructurales que permitan una revisión periódica de las regulaciones.

Concluyó enfatizando que “Chile debe avanzar hacia la calidad regulatoria, donde los esfuerzos de revisión de las normas sean ejercicios periódicos”.